Los ciudadanos piden quitar a la infanta Cristina de la sucesión real

El Congreso de los Diputados ha recibido una nueva remesa de peticiones ciudadanas entre las que destacan dos: una que persigue que las Cortes abran un debate sobre la posibilidad de despojar a la infanta Cristina de sus derechos dinásticos y otra de apoyo al juez Elpidio Silva, que instruía una causa contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa de la que ha sido apartado.

Así consta en el último informe aprobado por la Comisión de Peticiones del Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que también se recogen algunos escritos contra la reforma de legislación sobre el aborto impulsada por el Gobierno.

 

Este órgano, que preside el ‘popular’ Gabino Puche, ha decidido remitir a la Comisión Constitucional del Congreso la solicitud relativa a la hija menor de los Reyes, que ha sido imputada, junto a su marido Iñaki Urdangarín, en el ‘caso Nóos’.

 

Concretamente el ciudadano que firma este escrito demanda «que las Cortes abran debate para aprobar, en su caso, el repudio de la infanta Cristina de Borbón y Grecia a la sucesión a la Corona de España». La segunda hija del Rey ocupa el octavo puesto en la línea sucesoria por detrás del Príncipe de Asturias y sus hijas, y la infanta Elena y sus hijos.

 

Otra persona ha decidido hacer uso del derecho de petición para enviar a la Cámara un escrito de apoyo al juez Elpidio Silva, que fue apartado de la causa que instruía contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, al que llegó a enviar a la cárcel, aunque después fue puesto en libertad. En este caso la comisión se ha limitado a tomar conocimiento del documento.

 

Por su parte, la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre Bankia, se ha trasladado a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, mientras que la de Industria, Comercio y Turismo es la destinataria de una nueva remesa de peticiones relativas al precio de la electricidad.

 

También ha llegado hasta la Cámara Baja una petición similar a otras registradas con anterioridad para que se prohíba que los políticos que hayan tenido relación con compañías energéticas mientras ocuparon cargos públicos puedan ser después contratados por empresas de ese sector. Éstas llegarán a la Comisión Constitucional y a la de Industria.