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La ONU ha declarado responsable al Vaticano de todos los casos de pederastia

Por Lucía Berruga Sánchez , 24 mayo, 2014

Este viernes, el Comité de las Naciones Unidas sobre Prevención de la Tortura ha concluido que la responsabilidad del Vaticano en los casos de pederastia no se limite a su territorio, sino que deben alcanzar y abarcar los abusos cometidos en terceros países siempre y cuando la Santa Sede ejerza un efectivo control sobre el delinquido. Se contradice así por tanto los argumentos que Silvano Tomasi, representante de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, dijo para defender a la Iglesia en la investigación que se realizó el pasado 5 y 6 de mayo, argumentando que el Vaticano carece de jurisdicción —y por tanto, de responsabilidad— sobre los miembros del clero que puedan haber cometido delitos diversos, como abusos sexuales de menores en terceros países.

Es por ello que la Convención Internacional sobre Prevención de la Tortura obliga a la Santa Sede a ser responsable de los actos de las personas que trabajan para él y sobre las que ejerzan control, sin tener en cuenta dónde ejerzan su función.

El Comité ha solicitado al Vaticano que, por tanto, modifique su legislación para que se adapte a los principios del tratado, especificando además que el Vaticano tiene la obligación de «evitar que sus funcionarios u otros actuando oficialmente cometan actos de tortura o que consientan la acción de tales violaciones«.

Por ello a partir de ahora en caso de que los abusos sucedan o se sepa que hayan sucedido el Comité ha solicitado al Vaticano que se asegure de que la persona investigada por tales actos sea suspendida de sus funciones inmediatamente para evitar que haya más abusos o intimidaciones hacia las víctimas. Específicamente se ha solicitado que aquellos clérigos que estén bajo investigación no sean trasladados a otros destinos para evitar ser investigados o castigados, exigiendo que a los responsables de los crímenes se les apliquen sanciones tales como el despido de sus servicios como clérigos.

Además el Comité ha pedido a la Santa Sede que se asegure de que todas las sospechas de abusos sean comunicadas a las autoridades civiles del lugar donde se cometieron presuntamente los hechos «para facilitar la investigación y la acusación de los supuestos infractores«. Los expertos han insistido en el hecho de que se revisen los concordatos del Vaticano con terceros países para evitar que estos acuerdos sirvan para ocultar abusos o proteger a acusados.

En lo referente a las víctimas el comité ha solicitado que todas ellas obtengan una compensación sin tener en cuenta si el acusado ha sido o no llevado ante la justicia.