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Un sano instinto de anarquía

Por Carlos Almira , 19 abril, 2020

Una sana desconfianza hacia los gobernantes, sean del color que sean, me parece un buen principio e incluso una necesidad y una exigencia moral de todo aquel que pretenda salvaguardar su dignidad humana. Pues quienes mandan y quienes obedecen entablan a menudo, si no siempre, relaciones de subordinación que tienden a sobrepasar los límites para los que fueron concebidas.

En nuestro caso, en el momento de escribir esto, cientos de millones de seres humanos han asumido en casi todos los países del mundo, por una necesidad de vida o muerte, confinarse en sus casas. Ello, sin embargo, no ha ocurrido en ninguna parte, que yo sepa, fuera de las relaciones entabladas entre la sociedad civil y el Estado, es decir, fuera del imaginario y la cultura material que legitima la dominación del Estado (por ejemplo, en la asignación del monopolio de la violencia) sobre el conjunto de la sociedad. No han sido los grupos humanos organizados sin Estado (por ejemplo, bajo formas pre-estatales como el grupo doméstico, el clan o la tribu), quienes han decidido confinarse en sus casas, sino la ciudadanía sujeta a las diferentes formas del llamado Estado Moderno.

Este Estado o Sociedad Política, en la mayoría de los países del mundo, por lo menos donde se ha impuesto la cultura y los valores cívicos de occidente, dominantes desde 1945, se considera legitimado por la voluntad general, y como un mero apéndice institucional que expresa la soberanía nacional, popular, etcétera. En otras palabras, las elecciones libres, el juego de partidos, la división efectiva de poderes, el Estado de Derecho, el constitucionalismo y el reconocimiento de derechos y libertades (y obligaciones) civiles básicos de los individuos y los grupos, todo ello reviste de una legitimidad casi moral a ese poder organizado, en función de la cual, y de acuerdo con sus reglas legales, se ha confinado en el momento en que escribo esto, una buena parte de la humanidad.

A esta legitimidad de origen de un poder político semejante, que se reclama mero y fiel agente del verdadero soberano (sujeto anterior y externo al Estado), se suma en el caso presente, el valor otorgado en y por nuestras sociedades, occidentales y no occidentales, a la Ciencia y en general al conocimiento científico y técnico, como paradigma y como norma de acción racional. Es decir: en el caso que nos ocupa, dado el conocimiento epidemiológico actual, se puede demostrar que hay un patógeno extremadamente contagioso y muy dañino, en especial para determinados grupos vulnerables de la sociedad humana, que se ha expandido por los cinco continentes; en el estado actual, hasta donde nosotros sabemos, de esta pandemia, el único remedio efectivo para frenar y disminuir su contagio, en tanto se consigue la vacuna, es el confinamiento general de toda la población; por lo tanto, no cabe otra opción que este, que aparece así razonable, como la única opción racional.

Siendo esto cierto, y aun aceptándolo sin el menor resquicio de duda (como el que escribe esto lo acepta, en tanto no tenga motivos racionales para no hacerlo), ello no cambia lo que dijimos al principio: a saber, que el marco y la forma en la que dicha opción, así legitimada doblemente por la forma del Estado de Partidos y por el valor otorgado por la Ciencia (como forma de conocimiento efectiva, probada, desinteresada, etcétera), no son los de los grupos humanos y los individuos anteriores al Estado, sino el Estado mismo, con sus Leyes y su Aparato material y humano capaz y legitimado para imponerlas y traducirlas en una determinada norma de conducta concreta, en este caso el confinamiento, aun cuando ésta conducta sea querida y aceptada así por la inmensa mayoría de la población (incluido el que escribe), por las razones apuntadas.Razones más que sobradas.

¿Dónde está el problema entonces? Lo anterior no cambia un aspecto de la cuestión muy importante, pero que tiende a obviarse, dadas las circunstancias y la premura extremas en que nos encontramos. Me refiero al tipo de libertades al que, una gran mayoría de la población, cabe suponer, está renunciando confinándose voluntariamente en casa, por razones justas y comprobadas: a saber, la libertad de movimiento, de salir y entrar, de desplazarse libremente (respetando las leyes y las reglas aceptadas de convivencia), y sin tener que dar cuenta a nadie, sin salvoconductos, etcétera. La explicación de esta paradoja, de una renuncia voluntaria a la capacidad de decidir y actuar libre y voluntariamente (¿por Naturaleza?), es que previsiblemente una pequeña parte de la población, insolidaria y recalcitrante en su egoísmo, estaría dispuesta a no respetar y a saltarse el confinamiento, arruinando así la voluntad de la mayoría, vehiculada por el Estado y las Leyes, y poniendo en riesgo la salud pública y al conjunto de los ciudadanos.

Esto sin embargo, significa que en un plano lógico, no se puede hablar de un consentimiento universal al confinamiento, por más justificado que este último se nos aparezca hoy. No hay pues, un confinamiento voluntario de todos y todas, sino solamente de la inmensa mayoría. Se puede decir pues, que presumiblemente una inmensa mayoría de la población acepta confinarse, por las razones expuestas, y que la fuerza y el aparato coactivo del Estado es imprescindible para hacer prevaler esa voluntad frente a quienes puedan anteponer su deseo y su interés particular al “bien común”.

¿Dónde está entonces el problema? Supongamos, por reducción al absurdo, que se demostrara científicamente que, en una pandemia similar a esta, un determinado patógeno puede contagiarse desde el aire (pero no de humano a humano) a cualquiera que salga a la calle, y que puede matarlo. Supongamos que en este caso, las autoridades legítimas del Estado decidiesen someter a cuarentena a toda la población para protegerla de ese patógeno, como hoy se ha hecho frente al coronavirus. Pero en este caso, a diferencia del actual, alguien podría decir: yo prefiero salir a la calle y correr el riesgo de infectarme y morir antes que encerrarme en casa. Acepto ese riesgo, que sólo a mí me incumbe. Puesto que no puedo contagiar a nadie, no quiero la cuarentena. Mi derecho a vivir y a morir no es asunto del Estado, sino exclusivamente mío, sólo tiene que ver con mi cuerpo, puesto que no perjudico a otros, como ocurre en este caso. ¿Pues si el patógeno en cuestión se extendiese por el aire durante cien años tendría yo que renunciar a salir a la calle el resto de mi vida para no contagiarme y morir yo? Si pudiera contagiar a otros, sí lo aceptaría, me quedaría en casa aunque fueran cien años, pues la vida de los otros no me pertenece.

¿Alguien piensa que en este caso hipotético el Estado y la Ciencia y los Tecnicos de las distintas disciplinas, no encontrarían razones para imponer la cuarentena también a los díscolos? Los díscolos son como los niños. Por ejemplo, podrían argumentar que, puesto que incluso ellos tienen personas a su alrededor que los quieren y los necesitan, ni siquiera ellos son los dueños soberanos, absolutos, de sus vidas, y deben preservarse para esas personas, (por ejemplo, sus parejas, sus padres, sus hijos, sus amigos). Al fin y al cabo, el derecho al suicidio no es algo absoluto e indiscutible, argüirían. O por ejemplo, como razonaba Montaigne, uno puede querer morirse ahora y, al segundo siguiente, descubrir algo que le haga cambiar de idea y desear otra vez vivir. El Estado y a través de él, el conjunto de la sociedad, también está ahí para protegernos de nosotros mismos. Como los padres protegen a sus hijos. ¿Quién nos dice que lo que llamamos libertad natural no es una simple inconsciencia, fruto del puro egoísmo, de una ceguera infantil, momentánea?

¿Quién nos guarda de nuestros guardianes?, decía Cicerón a Catilina (si no me falla la memoria). ¿Y quién nos guarda de sus razones? Una sana desconfianza hacia los que mandan es siempre, creo, saludable, incluso en el momento extremo que vivimos, y aunque lo que hoy nos ocurre no pudiera aducirse como ejemplo. Un sano instinto de Anarquía, de dignidad y de orden humano.

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