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LA SEGUNDA MUERTE DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Por Carlos Almira , 17 mayo, 2014
Paz

Paz

La sensación de que hay un estamento privilegiado (empresarial y político) y una masa de población a la que se recortan derechos cada día, “dos países” como decía Engels recorriendo con Marx algunos barrios de Londres allá por los años 40 del siglo XIX, ya ha arraigado en buena parte de nuestra sociedad. No sin razón, por cierto. Una fractura cada vez más profunda, que va más allá de lo económico, incluso de lo político, amenaza (si no lo ha hecho ya) con reunir, paradójicamente, en el mismo relativismo moral a los privilegiados con sus detractores.
Me refiero a la justificación, velada o abierta, de la violencia en su grado más extremo, como ha puesto de manifiesto el asesinato reciente de la presidenta de la Diputación de León, militante del P.P. Este diagnóstico no parece desmentido porque, en este caso concreto, se haya tratado de un asunto de venganza personal. La reacción en una sociedad institucionalmente sana hubiera sido la repulsa y la condena prácticamente unánimes, sin reservas. Es fácil, sin embargo, condenar lo condenable, sin entrar en el análisis de esta reacción colectiva, emocional. Me viene a la memoria el lenguaje utilizado por muchos de los que hoy condenarían la violencia: por ejemplo, las declaraciones en Ruedo Ibérico a propósito del atentado de diciembre de 1973 contra Carrero Blanco: “El golpe que supuso para el régimen franquista la ejecución de Carrero Blanco…”; o las ya antológicas palabras del expresidente Felipe González a propósito de los G.A.L. “El Estado de Derecho también se defiende en las alcantarillas”. Es como si la “calidad” de las víctimas respectivas pudiese justificar lo injustificable, entiéndase por víctima no tanto la persona o personas asesinadas, como el régimen de cosas con el que el público las identifica.
Si hoy ETA secuestrara y asesinara a Miguel Ángel Blanco, ¿habría las mismas manifestaciones callejeras masivas, de repulsa? Yo quiero pensar que sí, pero es una pregunta que me inquieta. Del mismo modo que para algunos sectores de la oposición al franquismo la muerte de Carrero Blanco pudo tener una lectura “política” positiva en su momento, hoy muchos españoles se alegran de que el asesinato, moralmente injustificable, de la presidenta de la Diputación de León, del Partido Popular, no vaya, seguramente, a producirle ningún rédito a este partido, ni tampoco a su alter-ego, en las elecciones europeas. Pero, ¿sería justo si ocurriese lo contrario? ¿Sería moral incorporar, siquiera sesgadamente, a la campaña electoral un hecho tan desgraciado y condenable como es la muerte de una persona?
Uno podría hacerse incluso una pregunta digna de El Príncipe de Maquiavelo, una pregunta repugnante, pero acaso no alejada de la realidad: ¿cuánto le debe a los crímenes de E.T.A. la consolidación del actual sistema político en España? Yo participé en las manifestaciones de repulsa contra el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y volvería a hacerlo sin dudarlo, aun cuando ello beneficiase electoralmente al Partido Popular, y a su alter-ego, aun en contra de mis propios deseos y principios políticos actuales. Pienso que la moral debe estar siempre por encima del interés, del cálculo, del juicio (en buena medida, sobradamente justificado), que nos merezcan hoy nuestras instituciones. Los que estamos abajo debemos demostrar que no somos, al menos en esto, iguales.
La mayoría de las veces la justificación de lo injustificable, además de ser algo éticamente repugnante, incurre en una forma u otra de falacia. Baste para terminar estas reflexiones un breve análisis de las famosas declaraciones de Felipe González antes mencionadas:
“El Estado de Derecho también se defiende en las alcantarillas” (Felipe González Márquez).
Expresado en forma de silogismo, tendríamos por ejemplo:
Todo Estado de Derecho es una organización política sujeta a sus propias Leyes.
Todo Estado de Derecho es una organización política que se puede y se debe defender violando las Leyes (propias y ajenas).
Toda organización política sujeta a sus propias Leyes es una organización política que se puede y se debe defender violando las Leyes (propias y ajenas).
Y por analogía:
Todos los terroristas son seres humanos.
Todos los terroristas son asesinos.
Luego, todos los seres humanos son asesinos.
Algo que, afortunadamente, es además de aberrante, falso.

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