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LA HIPOCRESÍA DEL CONSEJO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD

Por Agustín Ramírez , 5 Noviembre, 2014

El Consejo Empresarial para la Competitividad es una organización formada por las 18 mayores empresas españolas y ha tenido la ocurrencia, basada en su situación de grupo de presión económico-financiero, de dar las claves para reducir el paro en España de manera significativa.

Estas empresas no tienen límites en su hipocresía social y económica: su presidente César Alierta que, además lo es de Telefónica, es un caballero que fue declarado culpable por un asunto de información privilegiada pero no condenado porque el delito había prescrito; en esta organización también hay entidades bancarias que están dando ideas sobre creación de empleo cuando ellos mismos, en el proceso de concentración bancaria, han puesto en la calle a decenas de miles de trabajadores; en esta organización hay empresas vinculadas al mundo del textil denunciadas por el uso y abuso del trabajo infantil; en esta organización hay empresas vinculadas al mundo de las grandes superficies que son conocidas por sus draconianas condiciones de trabajo y su alergia al mundo sindical, salvo que los sindicatos sean aquellos que ellas mismas fomentan y promocionan; en esta organización hay demasiadas empresas con sociedades vinculadas a los paraísos fiscales. En definitiva, estas empresas cuando hablan de reducir el paro, por su trayectoria y su actuación diaria ya son sospechosas de que su mensaje debe de servir solo para sus intereses y no para los intereses de la inmensa mayoría, a quienes, hipócritamente, dicen querer ayudar.

Entre las medidas de estos “gurús de la economía” de cara a reducir el gasto público, insisten, y tiempo hacía que este tema no se aireaba, en una aceleración de la reforma de las pensiones. La pensión media se ha reducido, la expectativa de subida de la pensión está en el 0,25%, los tiempos de cotización se han incrementado, la edad de jubilación se ha aumentado; señores del CEC ¿cuántos jóvenes de hoy cobrarán pensión llegada su fecha de jubilación?, ¿cuántos parados de larga duración accederán a una pensión y de qué cuantía? Evidentemente, esa política de demolición del sistema de pensiones públicas no solo va a reducir el gasto, además va a llevar a que los supervivientes acomodados accedan a un sistema privado de pensiones para engordar el negocio de bancos y aseguradoras.

Por cierto, entre las medidas de reducción del gasto público no se les ha ocurrido pasar la tijera por la cantidad de gasto superfluo, cuyo volumen tapa la necesidad de más empleados públicos en sectores como la educación, la sanidad, la dependencia, la judicatura y la administración tributaria, entre otros. Cuando hablo de gasto superfluo no solo me estoy refiriendo al del sueldo disparatado de alcaldes, presidentes de comunidades autónomas, diputaciones, asesores a dedo, miembros de organismos inútiles e innecesarios, pienso, además, en el gasto que suponen las obras faraónicas e innecesarias que solo han servido para la loa instantánea de algún político y para dejar un vacío en las arcas públicas y un déficit en las cuentas públicas.

Estos señores insisten en que en esa reducción del gasto público hay que poner el acento más en reducir el gasto que en incrementar los ingresos, es por ello que  recomiendan el incremento de los impuestos indirectos –Iva, tabaco, alcohol y similares- pero no el IRPF. ¿Que son más injustos?, bueno, pero a nuestros intereses son más beneficiosos. Curioso es que cuanto más ganan menos quieren pagar, por eso prefieren que se recaude a través de la economía diaria que afecta a todos, independiente de su capacidad económica. Por cierto, ¿por qué no dan un pequeño ejemplo y promueven medidas para que su pago del Impuesto de Sociedades se acerque al nominal 30% y no sea, de media, un 10%?, ¿no tendrá que ver con la economía sumergida que denuncian –solo en la parte que afecta al trabajador- en el sentido de las contabilidades B –véase el ejemplo del partido en el gobierno, sin ir más lejos- y el fraude fiscal, tal como denuncian los técnicos de Hacienda al decir que el 80% del dicho fraude corresponde a las grandes compañías y patrimonios?

El caso de las puertas giratorias, el paso de lo público a lo privado –Aznar, González, Acebes, Salgado, Rato- no lo comentan, no afecta a la vida pública, no tiene incidencia en la corrupción; en definitiva la moral y la ética no son motivo de su preocupación, como tampoco les merece una línea el incremento de desempleados sin prestación alguna, como tampoco merece su tiempo ni su consideración la reducción del salario medio de los trabajadores, ni la calidad del trabajo que se crea. No son capaces de ver que nos estamos acercando al espíritu de la expresión marxiana: “partiendo de la nada hemos alcanzando las más altas cotas de la miseria”.

Señores del CEC, su grandilocuente informe no es otra cosa que decirle al gobierno –al presente y aviso para futuros- por donde deben caminar, que caminos no deben transitar y ahondar en esta idea última de que estamos saliendo de la crisis y que así lo demuestran los datos macroeconómicos. La realidad de la vida cotidiana: el paro, los contratos basura, la rebaja de prestaciones sociales, el endurecimiento de las pensiones –su cuantía y su acceso- no les ocupa ni preocupa mientras ustedes tengan los privilegios fiscales, las sicav y los paraísos fiscales.

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