La Fiscalía pedirá de 10 a 19 años de cárcel para Iñaki Urdangarin

La Fiscalía Anticorrupción prevé solicitar entre 10 y 19 años de cárcel para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, a quién acusará de un delito de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y dos delitos fiscales. La pena específica a reclamar dependerá de si el yerno del Rey abona antes, junto a su exsocio Diego Torres, los cerca de seis millones de euros de los que se apoderaron de las Administraciones públicas, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

Tal y como han precisado, la cantidad de años que pedirá el Ministerio Público se acercaría más a las condenas mínimas previstas para cada delito, principalmente si el imputado decide devolver parte del dinero presuntamente defraudado de Baleares y Comunidad Valenciana, lo que permitiría aplicarle una atenuante de reparación del daño.

Del mismo modo, las mismas fuentes han precisado que el delito de malversación que prevé atribuir la Fiscalía al Duque irá en concurso medial con el de falsedad documental, debido a que la primera de estas infracciones pudo cometerse sirviéndose de la segunda para que pudiera materializarse. De este modo, de acuerdo a lo previsto en el Código Penal para los concursos de penas, el de falsedad quedaría subsumido en el de malversación y, sólo por este delito, se le pediría de seis a ocho años de prisión.

En cuanto a Torres, la pena que la acusación incluirá en su escrito de calificación provisional, que presentará en unos meses, oscilaría entre los diez y los 15 años, puesto que en su caso le será atribuído un solo delito fiscal. En relación con Urdangarin, el Ministerio Público apunta a que el Duque defraudó al IRPF más de 120.000 euros tanto en 2007 como en 2008 a través de la Aizoon, cuya titularidad comparte al 50 por ciento con la Infanta Cristina.

El Ministerio Público maneja un borrador aún no definitivo en el que seguirá trabajando las próximas semanas. Respecto de otros imputados por el juez José Castro, las mismas fuentes señalan que la Fiscalía aún no tiene una postura definida respecto de la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro; el secretario de las infantas Carlos García Revenga o la que fuera consejera delegada de la candidatura olímpica Madid 2016, Mercedes Coghen.

En lo que a Baleares se refiere, la Fiscalía contempla dirigir sus acusaciones contra el expresidente del Govern Jaume Matas por un delito de malversación y otro de prevaricación: el exministro podría enfrentarse así a una petición de entre cuatro y ocho años de cárcel. También contempla acusar al exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía; el exasesor jurídico de esta empresa pública Miquel Àngel Bonet; el exdirector general de Deportes y medallista olímpico José Luis ‘Pepote’ Ballester y el exgerente del Inestur Gonzalo Bernal.

Del mismo modo, prevén ir en la lista de acusados, en relación con los altos cargos valencianos imputados, el exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón; los exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) José Manuel Aguilar y Jorge Vela; la exdirectora de gestión de este organismo Elisa Maldonado, y la que fuera técnica del departamento jurídico en 2004 y posteriormente máxima responsable de esta sección en Cacsa María Ángeles Mallent.

Pero antes de que la Fiscalía presente su escrito de calificación, solicitará en próximas semanas, siempre que no aparezcan nuevos elementos que alteren el curso de las pesquisas, el fin de la instrucción del caso Nóos como paso previo a su enjuiciamiento. Y ello a falta de conocer si el magistrado cita o no a declarar como testigo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como ha pedido el exsocio de Iñaki Urdangarin.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma encara de este modo la recta final de unas investigaciones que dieron sus primeros coletazos a principios de 2010, en el marco del caso Palma Arena, y que estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas, a través de las cuales tanto Urdangarin como Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.