Déjà vu

Ya está en vigor la nueva ley de seguridad ciudadana, la que todos los ciudadanos, contra los que parece que ha sido elaborada esa auténtica chapuza antidemocrática, conocen como la Ley Mordaza, una ley que el PP ha construido ad hoc, puede que la última torpeza del partido en el gobierno que le va a echar en cara toda la oposición.

Probablemente esa ley sea tumbada por el Tribunal Constitucional, porque vulnera una serie de preceptos de nuestra Constitución, con la que suele llenarse la boca el partido que gobierna España con mayoría absoluta. Lo más llamativo es que hurta a los tribunales de justicia una serie de competencias simple y llanamente porque estos no daban la razón al gobierno sino al ciudadano procesado. El que una serie de jueces, con riguroso criterio jurídico, no encontrarán delictivo manifestarse o resistirse pacíficamente a la autoridad, ha enervado a esos cercenadores de la libertad que legislan a su conveniencia. En un intento de acallar la protesta ciudadana impondrán directamente, por su santa voluntad, multas a ciudadanos que ejerzan su derecho a manifestación si previamente ésta no ha sido autorizada, se opongan a un desahucio, ocupen una entidad bancaria, se cuelguen de un edificio, graven a los agentes de la autoridad, y las sanciones pueden llegar, y ahí se han pasado de frenada, con multas estratosféricas de hasta seiscientos mil euros que sólo podrán pagar los que hayan estado cobrando sobresueldos y comisiones durante todos estos años.

La ley es un despropósito absoluto y un ataque directo a la ciudadanía y una invitación a desobedecerla. Cuando Ada Colau, la flamante alcaldesa de Barcelona, argüía que hay leyes que no se tienen que obedecer, seguramente se estaba refiriendo a esta.

La Ley Mordaza apesta a pasado, a Tribunal de Orden Público franquista, a rancio y liberticida, y es el último despropósito con el que el PP sella su suerte.

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